Veintiocho organizaciones de la sociedad civil cumplieron seis años de la campaña “Por el Derecho a una Alimentación Sana y Nutritiva: Oaxaca sin Chatarra”, y su balance es de retroceso.
En 2020, la LXIV Legislatura aprobó el decreto 1609, que agregó el artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la prohibición de vender, regalar o suministrar a menores bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.
Oaxaca se volvió referente nacional, duró poco.
En 2023, la LXV Legislatura, a través del entonces diputado Luis Alfonso Silva Romo, derogó el 20 Bis y aprobó un artículo 22 que limita la prohibición a las escuelas de educación básica, señalan las organizaciones.
Para la campaña, el gobierno de Salomón Jara Cruz estrechó lazos con la industria refresquera, a la que acusan de extraer 55 mil millones de litros de agua al año.
Por eso llamaron al gobierno de la Primavera Oaxaqueña a romper el pacto con la industria alimentaria, y a dejar de cargar toda la responsabilidad del consumo sobre las familias.
Exigen ampliar la prohibición más allá del espacio escolar, sancionar los conflictos de interés y frenar la interferencia de la industria en las políticas públicas.
También piden proteger el agua, el suelo, las semillas nativas y la producción campesina, el gobierno presume más de 819 mil toneladas de maíz en 2025, pero las organizaciones advierten que producir más maíz no basta para hablar de soberanía alimentaria.
La jornada de aniversario cerrará el 18 de octubre con la Carrera de la Milpa, a las 7:30 horas, en San Andrés Huayapam.
¿A quién protege una ley que cuida a los niños dentro del salón, pero los deja solos en la tienda de la esquina?
En Oaxaca la chatarra perdió una vez en el Congreso, tres años después ganó la revancha.
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